¿Cómo enfrentar la corrupción? Concepción errada sobre su germen y una lucha en desfase

Por Iván Salcedo

Al pronunciarse una proclama de guerra contra la corrupción sobre los estamentos del Estado, muchos realizan una omisión crítica, la cual podría desencadenar no sólo el revés de los propósitos, sino el fortalecimiento del propio flagelo. Si bien es lamentable la malversación de fondos y la enajenación de lo público para el usufructo particular, es menester que conozcamos a fondo cuales son las condiciones o circunstancias que suscitan el fenómeno y cuáles son sus alcances sobre la sociedad dominicana.

Recientemente se han vertido sobre la opinión pública dos casos que podría explicar el germen del fenómeno:

El caso de las Pruebas Nacionales. Durante los últimos años se instauró una modalidad de fraude en la evaluación estatal a los estudiantes de término básico y medio del país. Las sospechas sobre compras de Pruebas Nacionales íntegras había llevado a la Secretaría de Estado de Educación (SEE) a la distribución confidencial de las mismas hasta el propio día de las evaluaciones. Lo cual incentivó a los estudiantes y profesores de colegios privados a la contratación de técnicos y profesores en cada una de las áreas evaluadas para la remisión de los resultados por vía celular a los estudiantes . Para no levantar suspicacia, los técnicos contemplaban dentro de la remisión respuestas equivocadas, de tal forma que los estudiantes, amparándose en estos resultados, no obtuvieran la máxima calificación.

El caso ADP-SEMMA.  El pasado Presidente del Consejo de Directores del Seguro Médicos Para Maestros  (SEMMA) de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Cruz Pascual, fue sustituido por “supuestas” irregularidades, entre las que se hallaban la compra de una jeepeta de RD$2.1 millones de pesos y nepotismo en la contratación de personal a la entidad. Las prácticas irregulares habrían llevado a la entidad al colapso financiero, subyaciendo en sus operaciones un déficit mensual por el orden de los RD$100 millones de pesos. Lo cual implicó la suspensión del servicio médico a los maestros en las clínicas del país y litigaciones judiciales  sobre incumplimiento de pagos a empresas e individuos sobre obras y servicios.

La naturaleza de ambos casos nos distinta a la observada en los casos de la CDEEE e INDRHI. Aunque estos son paradigmas de la corrupción cuya responsabilidad no recae sobre los hombros de los representantes del estado, sino en ciudadanos comunes y corrientes e inclusive hasta en menores de edad.  Sus implicaciones son claras para el análisis que nos aúna. La hipótesis de que la problemática de la corrupción es un fenómeno de hábitos y concepciones bien específicas de la clase político-partidista contemporánea debe ser rechazada y debe acogerse una nueva  y comprobable a todos los niveles existentes.

El germen del flagelo podría explicarse en un desfase en el sistema de valores y principios al cual son enseñados los jóvenes dominicanos en sus hogares y escuelas, y que gradualmente se va propagando a toda la amplitud de la actividad social. En ese sentido, la respuesta de los sectores de la sociedad que perciben y rechazan la problemática deben englobar a todos los entes potencialmente corruptos, de tal suerte que no se instaure una solución inacabada que malogre un modelo explosivo,  el cual terminaría arraigando una corrupción tecnificada sobre los estamentos de las instituciones públicas y privadas afectadas.

En la economía clásica profesa una ley fundamental que “toda oferta crea su demanda potencial”. Visto desde la óptica de lo que nos atañe, esta frase implica que perseveraría una demanda por las respuestas de un examen o ingresos extraordinarios que no se corresponden al esfuerzo laboral, siempre y cuando exista la concepción colectiva de poder de alcanzar, aunque sea bajo métodos remotos y específicos, los propósitos. Las limitaciones o restricciones físicas y jurídicas serían vencidas mediante la tecnificación de las prácticas, hallándose en el trayecto huecos legales o evadiéndose eficientemente la vigilancia de las autoridades, adquiriendo, de ser preciso, su anuencia para la continuidad de lo instaurado.

Un ejemplo de la evolución de las prácticas corruptas se pueden hallar en el caso de las Pruebas Nacionales. Hace algunos lustros, estas eran comercializadas extraoficialmente días y hasta semanas antes de la fecha oficial de su impartición, de tal forma que los estudiantes interesados tuvieran la posibilidad de realizarlas y estudiarlas cabalmente. Al descubrirse esa práctica, se implantaron medidas como fortalecer la vigilancia oficial a través de jurados y su distribución, estrictamente confidencial, horas antes de la evaluación. Esto, como se explicó anteriormente, provocó una tecnificación de la práctica, contratándose personal profesional para su realización acelerada minutos antes de la impartición y la remisión de las respuestas a los estudiantes a través de aparatos electrónicos, en este caso celulares. Esto, por supuesto, en contubernio con los jurados impuestos por la SEE, a los cuales se les hacía una “contribución o regalo” especial.  Antes los estudiantes, con pruebas auténticas en sus manos, al menos las repasaban y retenían precariamente sus contenidos, sin embargo hoy, sólo deben procurar tener sus respuestas en los celulares para aprobar satisfactoriamente las evaluaciones, sin siquiera  hojear contenidos. Esto se constituye, concluyentemente, en un ejemplo de una profundización de la práctica de la corrupción por la imposición de medidas inacabadas o inconsecuentes con su auténtico origen.

En el Estado ha sucedido algo similar. Si antes se extraían directamente fondos del erario público para el usufructo personal, debido al escrutinio de la opinión pública y al establecimiento de medidas más rígidas para prevenir la corrupción, ahora se extraen por medio de la sobrevaluación de obras, la exageración de comisiones, establecimientos de dietas y salarios exorbitantes y nepotismo en la contratación de personal. Se ha tecnificado la práctica de la corrupción en el Estado, profundizándose, pues al hacerse más difícil su detección y hallarse los actores confabulados con el Poder Judicial, entonces se demanda cada día más del erario público, en pos de la satisfacción de sus ambiciones desmesuradas.

¿Deseamos acabar verdaderamente con la corrupción? Impulsemos una moral social mediante activismo comunitario y campesino, creando conciencia colectiva sobre las consecuencias prácticas y morales de la corrupción y al unísono establezcamos limitaciones cuyas condenas sean irreversibles, de tal suerte que no se originen previsiones imprudentes en los potenciales actores corruptos. Al largo plazo se iría abatiendo el flagelo sobre todos los estamentos de la sociedad e incluyendo al Estado.

Los grupos de la movilización social contemporánea deben aunar esfuerzos y crear una campaña que invite a la reflexión a los dominicanos. Explicándoles que en su conducta se halla el meollo de la problemática y que es en ellos donde reside la corrupción. Que muchos, cuando condenan a un funcionario, no es por entender que merece una justa condena, sino que se sienten envidiosos de no ser ellos quienes usufructúen el patrimonio público para gozar de una jeepeta, una casa de veraneo en Jarabacoa o Constanza o de sueldos y dietas desproporcionados a costa del sufrimiento de una población que muere de inanición.

¡Trabajemos para conquistar el cambio! La República Dominicana puede prosperar y ser auténticamente soberana si nos incorporamos en los esfuerzos de transformar a nuestra sociedad, lograr convertirla en un paradigma regional de transparencia y eficiencia. En el sector privado logrando la competitividad al sincerar las facultades y herramientas vigentes y en el sector público, erradicando el mal de la corrupción administrativa, instaurando una nueva clase política con criterios científicos, libres de la absorción que les crea el individualismo académico y de las inmensas ambiciones que les llevan a recurrir a la política para su enriquecimiento y engrandecimiento personal.