El Gobierno MIENTE cuando asegura que el nuevo texto constitucional no limita el libre acceso a las playas

Por: Manuel Moisés Montás

El pasado viernes el  vicepresidente Rafael Alburquerque afirmó que detrás de las críticas que hace la sociedad civil a los trabajos de la Asamblea Nacional Revisora se esconde el interés de desacreditar la clase política y que el nuevo texto constitucional no limita el libre acceso a las playas. Por este medio aprovechamos la ocasión para informar al Sr. Vicepresidente que no hace falta que nadie desacredite a nuestra clase política, pues con vainas como el derroche clientelar del gasto público, los indultos a Lubrano y compañía, la impunidad asquerosa con la que se “manejan” los casos de corrupción en todos los niveles del Gobierno, la carrera hacia el endeudamiento externo y el retroceso constitucional la clase política dominicana hace más que nadie para desacreditarse a sí misma.

Seguidamente procedemos a mencionar las razones sobre las cuales se fundamenta nuestro rechazo al nuevo texto constitucional referente al acceso y disfrute de los ríos, playas y lagunas de nuestro país.  El nuevo texto constitucional establece que  “Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada. La ley regulará las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas“.

En principio el “respeto al derecho de propiedad” que plantea el nuevo texto se nos presenta como algo justo, por cuanto a nadie le gustaría que alguien pase por su casa, finca o terreno a fin de acceder libremente a las playas. Pero, ¿Qué sucede si particulares acaudalados compran cantidades ingentes del terreno situado entre una playa y las vías de acceso para cualquier medio de transporte terrestre?  En este caso “el respeto al derecho de propiedad” se convierte, de hecho, en una restricción al acceso, por cuanto puede suceder que un individuo tenga que desplazarse lejos -varios kilómetros- para acceder “libre” y “gratuitamente” a la playa, lo que confiere implícitamente al propietario del terreno un uso casi exclusivo de un segmento importante de la misma.

La explotación comercial exclusiva de la playa será incluso mayor o más intensa en aquellas porciones del litoral costero dominicano en las que no existan carreteras públicas de acceso en varios kilómetros a la redonda. En este caso, algunos particulares pueden complementar la compra de los terrenos colindantes con la construcción de una carretera privada dentro de los mismos. Luego, resulta casi inconcebible que un Ser Humano se desplazará más de siete kilómetros bajo el sol para llegar al litoral costero que el particular desea explotar a título exclusivo. Huelga decir que el Estado no estará motivado a construir ninguna carretera cerca a esa zona sensible porque allí hay “intereses” de gente ¨con dinero”, ”inversionistas extranjeros” y sabe Dios cuantos compañeritos privilegiados.

Por lo que respecta a la regulación por ley de “las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas” nos parece que el texto es, en el mejor de los casos, poco claro, cuando no perversamente ambiguo. Si bien es cierto que existen razones para que el uso o disfrute de una playa sea regulado a los fines de lograr, por ejemplo, su adecuada preservación, no así sucede con el acceso. A la verdad, no vemos razón alguna para que el acceso a una playa que se considera pública sea regulado en modo alguno.

Con base en las razones antes expuestas y otras que de momento nos hemos reservado, unimos nuestra voz a la de los miles que exigen a las autoridades la revisión completa de la Carta Magna por medio de una Asamblea Constituyente abierta, plural y democrática._