Por Iván Salcedo.
Nos deja anonadados como algunos, quienes se autoproclaman como “defensores de lo nuestro”, en un claro acto de hipocresía develan su gran admiración por la figura del Presidente de la República y, simultáneamente, sus quiméricas ansías para ocupar este curul durante el transcurso de sus vidas. La pérdida del enfoque podría ser abordada desde distintos ámbitos disciplinarios, quizás los politólogos o sociólogos aseverarían que es un asunto de sesgos ideológicos o de la expresión factual de un dogma sectario, sin embargo sería absurdo el no atisbar esta dilemática desde la óptica de la idiosincrasia nacional (psicología de nuestros colectivos), lo cual consecuentemente, después de un análisis exhaustivo, nos remite al fortísimo arraigo del paternalismo político y el característico mesianismo ególatra de parte considerable de nuestros nacionales (en especial de aquellos inclinados hacia la actividad política).
Una sencilla ejemplificación.
Cualquier corporación internacional tiene la legítima potestad de presentar un proyecto específico ante las autoridades de un país equis, en este caso siendo la República Dominicana. Esta corporación puede exigirle al Estado Dominicano, hipotéticamente, la secesión permanente de una porción sustancial de sus tierras para su actividad productiva y que para tales fines (su administración perpetua) le concedan un 50% del Presupuesto Nacional (anualmente), además de garantías extraordinarias, como uso exclusivo de todos los afluentes de agua potable en 10 mil kilómetros cuadrados a la redonda (un 20% del territorio nacional), derecho a la tala de todos los árboles y explotación de recursos naturales en la misma área (exentos de antemano del pago de impuestos) y el desalojo absoluto de toda la gente allí residente (sin concederles compensación económica por el abandono repentino de sus actividades habituales e ignorando el valor social y cultural que pudieran tener estas tierras para los referidos, presumiblemente sus habitantes históricos).
Dirán ustedes: ¡Ah! Pero, ¡Qué abusadora es esta corporación, qué fraudulenta! Y al hacerlo, no obstante, estarían prejuzgándola, sin siquiera haber comprendido la dinámica de los procedimientos, en resumidas cuentas, del Contrato. Señores ciudadanos, nuestros representantes, dígase Leonel Fernández, Vicente Bengoa, Héctor Valdez Albizu, Reinaldo Pared Pérez y Julio César Valentín, son los intermediarios entre una Corporación Internacional y el Pueblo Dominicano. Son ellos quienes, en nuestra representación, asumen el compromiso de velar por nuestros intereses, por la óptima gestión de nuestro patrimonio nacional (Aquí refiriéndonos al “regateo” de los términos específicos de una propuesta, como exigir menos exenciones tributarias a favor del fisco y del pueblo, mayores garantías para la sostenibilidad del medio ambiente en conflicto, más oportunidades de desarrollo socioeconómico para los colectivos humanos adyacentes al proyecto y entre otras variables). De no hacerlo, pudiendo esto ser comprobado metódicamente y sobre todo en lo jurídico, entonces, y en honor la verdad, serían ellos los criminales, los Traidores de la Patria.
En el caso particular de la Minera en Pueblo Viejo, si existe alguna discrepancia comprobable en lo jurídico y técnico y si alguna acción de protesta se va a radicar en función de lo ignominioso dentro de su contrato con el Estado, el enfoque jamás deberá ser la empresa en cuestión, pues está en su legítimo derecho de negociar con el Estado en los términos que le venga en gana. Entonces, ¿A quién responsabilizar? Es más que evidente que debemos alzar nuestros dedos índices hacia nuestros representantes, democráticamente dispuestos por los ciudadanos dominicanos para velar por sus mejores intereses y a la vez para actuar de intermediarios ante empresas u organismos internacionales con intención de emprender desarrollos capitalistas dentro del territorio nacional. ¿Quiénes serían los culpables? El Presidente, el Secretario de Hacienda, el Governador del Banco Central, los Senadores y los Diputados de la República.
Es sencillo ilustrarlo:
¿Quién está firmando ahí? ¿Quién solicita la aprobación de los términos?
¡Más claro, ni el agua!
En resumidas cuentas.
Señores ciudadanos, es menester que no perdamos el enfoque. Ojalá y cientos de corporaciones internacionales se dispusieran a operar en la República Dominicana, cumpliendo con las garantías y términos de rigor establecidas dentro del marco legal vigente. Y resulta inadmisible, en este contexto de expansionismo comercial internacional, lacerar grandiosas posibilidades de desarrollo social y económico, cuando surge como vía propicia para subvencionar, en el largo plazo, el bienestar y la prosperidad anheladas para el pueblo dominicano. Ojalá y el emprender corporativo se expanda a todos los rincones de la República Dominicana, que corporaciones como el Consorcio Minero Dominicano promuevan la instalación de decenas de cementeras en zonas de alta factibilidad medioambiental y social, de suerte que no sólo el nicho de la construcción pueda gozar de precios de eficiencia, sino que también pueda exportarse este importante insumo al extranjero y así generar valiosas divisas para el alcance de nuestra estabilidad macroeconómica.
¡No apostemos al caos, ni a esquemas desfasados del pasado! ¡Hagamos un ejercicio retroalimentativo, construyamos un futuro partiendo de nuestro tiempo y sus circunstancias! ¡No perdamos el enfoque, los responsables, de comprobarse el dolo en estos contratos, están allí arriba bien ilustrados, seamos estratégicos!
lo q sucede es q los congresistas c le importa 1 cojon el destino del pais, por tanto no es de extrañar sus desiciones, tampoco he de extrañar su negociacion por debajo de la mesa, hasta q en este maldito pais no c elimine el dicho d buscarme lo mio nos seguira llevando el diablo.
de aqui hay que largarse y dejarle lo q queda d pais a los narcotraficantes y a los malditos politicos q son los + letales al pueblo..